Aseguran que en su formulación actual, el Proyecto se acerca a una "Ley de Punto Final" y que si no es modificado, supondrá un grave paso atrás, ya que propone fórmulas que favorecen la impunidad, garantizando que la identidad de los autores de graves violaciones de derechos humanos no será desvelada.
Su director en España, Esteban Beltrán, plantea la siguiente duda "cómo es posible que el Gobierno español se disponga a hacer una política exterior comprometida con los derechos humanos, si no es capaz de hacerlo a nivel interior".
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