El 17 de mayo se celebra el Día de Internet. En realidad el día mundial de las telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
Hace una año estábamos con la resaca del debate del estado de la nación, que se celebró una semana antes. En aquel debate, la propuesta estrella fue la de la Escuela 2.0, que como otras muchas, ha ido cayendo del mundo de la fantasía para golpearse con la dura realidad. Aunque algunas Comunidades han dado pasos en este sentido, los objetivos planteados por el Presidente no sólo distan un abismo en ser realidad, sino que hay Comunidades Autónomas cuya miopía política se ha acrecentado a cuenta de unas cuantas pulgadas de monitor.
Pero por aquél entonces el motivo de preocupación no era sólo la implantación de la medida, sino si los portátiles prometidos usarían software libre o privativo. Tres días después, Leire Pajín anunciaba que estos correrían con software libre, arranque dual y que las CCAA elegirían sistema operativo, aunque las gobernadas por el PSOE se inclinaban por alguno libre. Eran tiempos preelectorales de unas Europeas que estaban a la vuelta de la esquina.
Tiempos de manifiestos de compromisos "por una Internet libre, abierta y participativa".
Pero un año da para mucho. En el mundo de lo digital, los bits corren más rápido que las buenas palabras, de ahí que la Escuela 2.0 se haya teñido de azul Redmon en la mayor parte de los concursos públicos donde íbamos a tener linux, la implantación en todo el territorio sea una utopía y las últimas propuestas de recorte del déficit apuntan ya por un un menor gasto en la inversión en Educación, conforme a los deseos del FMI.
Pero también hay que recordar que en este año el Paquete Telecom fue aprobado por el Parlamento Europeo con el voto a favor por los que proponían una internet libre y abierta y con la oposición de Izquierda Unida, y que la participación la entiendan como la constitución de una sección segunda dentro de una Comisión de Propiedad Intelectual que aspira a ser la tabla de salvación de una industria que no acaba de adaptarse. Apuestan tan decididamente por Internet que en el primer recorte, (perdón, plan de racionalización) han dado el finiquito a la Dirección General de la Sociedad de la Información.
El Paquete Telecom supuso poner los cimientos para el fin de la neutralidad en la red, de ahí que el Ministro de Industria haya recogido de forma entusiasta la propuesta de Alierta sobre establecer tasas a Google y que Sinde haga lo propio con los grupos editoriales españoles para que reclamen también su parte del pastel, aunque para ello haya que cargarse la mencionada neutralidad de la red. Quien quiera servicios en Internet e información, que se lo pague... Si puede. Para terminar el cuadro, falta el ACTA, una amenaza a las libertades, donde la falta de transparencia, el secretismo y la ausencia de cualquier proceso de control democrático en las negociaciones no augura nada bueno.
Pero interesa detenerse en la Ley de Economía Sostenible para entender a donde van los tiros, pues despreciando los trabajos de una subcomisión parlamentaria de reforma de la propiedad intelectual, y con silencio alevoso, se introdujo como de rondón en sus disposiciones finales una reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual por la cual se crea una subcomisión administrativa en el Ministerio de Cultura que velará por las infracciones de la propiedad intelectual.
Como los jueces de lo penal y lo civil han sido unos tercos aplicando las leyes, quitando sucesivamente la razón a las demandas sobre descargas y enlaces que las sociedades de gestión de derechos de autor han promovido, (porque lo que es legal, es legal, lo diga Agamenón o su porquero), el gobierno ha metido en el saco de la jurisdicción de lo contencioso administrativo dichas pretensiones.
Considerar la propiedad intelectual dentro de la jurisdicción que debe velar por los pleitos de la administración es una aberración sólo comparable al intento de otorgar a la propiedad intelectual el rango de derecho fundamental. Hasta el Consejo Fiscal, en su informe sobre la LES ya advertía que la propiedad intelectual no debe estar en el mismo plano de derechos como el orden público, la investigación penal, la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública, la dignidad de la persona en su vertiente de no discriminación por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social, la protección de la juventud y de la infancia. Es un derecho patrimonial cuya legítima defensa debe hacerse en los órdenes civil, penal o mercantil.
Pero, además, el poder de la subcomisión es desmesurado. Cerrar una web es un acto gravísimo que debiera contar con todas las garantías judiciales posibles. La pretensión es que la Audiencia Nacional, (la misma que juzga los casos de terrorismo, narcotráfico, corrupción... y enlaces a contenidos con copyright) no entre en el fondo del asunto, sino que emita informe sobre si un posible cierre vulnera derechos fundamentales. Y todo ello para perseguir prácticas que otros jueces han considerado legales reiteradamente.
Todo ello, unido a la más que previsible sentencia a partir del dictamen de la Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE declarando la ilegalidad del canon digital, nos obliga a un replanteamiento sereno de la defensa de los derechos de los autores, volviendo a la Comisión de reforma de la Propiedad Intelectual y retirando la disposición final segunda de la ley de Economía Sostenible.
En el ámbito de Internet y la Sociedad de la Información y como en tantas otras políticas, no está de más recordar aquella canción de Krahe donde hablaba del hombre blanco que hablaba con lengua de serpiente. La realidad es que el partido en el gobierno está impulsando una reformas que cercenan el Internet que hoy conocemos, primando los aspectos más restrictivos, apoyando reformas contra la neutralidad en la red, legislando a favor de las pretensiones de los lobbys de las industrias del entretenimiento frente al conjunto de usuarios y consumidores, creando inseguridad jurídica y criminalizando a los internautas y a editores de webs.
JavierM
Como todos los 17 de mayo, Izquierda Unida hace un llamamiento a la ciudadanía contra la discriminación que sufrimos todavía hoy lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales.
En el Estado español en los últimos años se ha conseguido avanzar en materia de derechos y en el reconocimiento público del colectivo LGTBI, pero aún así, queda un camino muy largo para la consecución de la igualdad real. La sociedad sigue manteniendo comportamientos de rechazo y violencia hacia las personas LGTBI, las instituciones públicas siguen educando en la discriminación y la desigualdad, seguimos articulando una sociedad donde se presupone la heterosexualidad como norma, no existe una verdadera libertad afectivo y sexual que nos permita desarrollarnos libremente, el colectivo transexual sigue presentando tasas de paro y exclusión social muy altas, etc.
Izquierda Unida presenta en este Día Mundial de Lucha contra la LGTBI-fobia, su propuesta de Ley integral contra la LGTBI-fobia. Una propuesta de ley necesaria para luchar contra la discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario, en la esfera pública…, en definitiva, una propuesta transversal a la sociedad misma, cuyos principales puntos son:
-La inclusión de la ‘identidad de género’ dentro de las condiciones personales protegidas contra discriminación en el Código Penal.
-Perspectiva LGTBI en la Ley de Menor, por la importancia de perseguir el ‘bullying’ LGTBI-fóbico.
-Inclusión de las personas menores y migrantes, ampliando así la ley de identidad de género.
-Proceso integral de reasignación en la Sanidad pública.
-Eliminación del concepto “disforia de género” de la legislación y del marco normativo y administrativo médico español.
-Contenidos integrales LGTBI en el currículo escolar.
-Formación del profesorado en materia de diversidad afectivo-sexual.
-Más información sobre el acceso al derecho de refugio y asilo entre la población LGTBI migrante, más medios en general para la concesión de asilos.
-Formación a profesionales de la Sanidad en las necesidades específicas de salud sexual y reproductiva de las personas LGTBI, especialmente de las mujeres lesbianas y transexuales. -Protocolos sanitarios más inclusivos, no heteronormativos.
-Medidas de acción positiva para personas transexuales en las contrataciones públicas.
-Reafirmar el derecho a la propia orientación sexual-identidad de género en el ámbito laboral, con persecución efectiva y sanciones administrativas contra las situaciones discriminatorias.
-Obligatoriedad de una perspectiva LGTBI en convenios colectivos y en planes de igualdad en las empresas.
-Medidas positivas de tratamiento respetuoso y digno hacia las personas LGTBI en los medios de comunicación, así como un protocolo de control de estereotipos y prejuicios.
-La no concesión de subvenciones por parte del Estado a las organizaciones que incurran en homofobia y transfobia.
-Línea de actuación específica de los servicios sociales, coordinados con centros escolares, para casos de expulsión del hogar familiar.
-Estímulo al asociacionismo LGTBI.
-Formación a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, con protocolos específicos, para la atención al colectivo LGTBI y de casos de discriminación.
-La inclusión de la realidad de las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales en los planes de igualdad entre hombres y mujeres y las políticas de mujer en general.
-La Creación de un Observatorio de la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
-Creación de una Fiscalía Específica Contra la Discriminación al Colectivo LGTBI que se encargue de canalizar judicialmente de oficio todos los casos de incumplimiento de la ley en esta materia.
Desde Izquierda Unida somos conscientes que únicamente desde la legislación de las instituciones no se puede transformar la sociedad. Por ello, nuestra propuesta es un paso necesario que damos desde nuestra responsabilidad política en las instituciones, pero sin olvidar que la realidad está en cada barrio, en cada escuela, en cada persona, y que la igualdad real es un objetivo al que tenemos que aspirar trabajando con los movimientos sociales, trabajando en las aulas y visibilizando y concienciando día a día.
Ya era hora de que el coste de la crisis recayera en sus verdaderos responsables: los pensionistas, las futuras madres y los funcionarios. Estos sectores, con sus decisiones alocadas, han contribuido a llevarnos a todos al abismo. Bravo por dejar intactas las Sicav, donde las grandes fortunas tributan al 1% (mientras las rentas del trabajo lo hacen hasta el 43%). Bravo por dejar intactas las ayudas, subvenciones y exenciones fiscales de la Iglesia católica (IVA, IBI, etcétera). Bravo por dejar intacto el presupuesto de la Casa Real. Bravo por dejar intactas fiscalmente las jubilaciones multimillonarias de los ejecutivos de la banca (ese sector ayudado con el dinero público). Bravo por aplicar las medidas del PP antes de que llegue al poder. Sólo echo en falta alguna que otra medida como el despido libre o la privatización de la sanidad. Pero todo eso y mucho más lo tendrá que hacer el PP cuando alcance el poder. Nos aguarda un futuro esplendoroso.-Miguel Hernández Alepuz. Valencia.
A/A: ASAMBLEA DE VELILLA DE SAN ANTONIOEstimados/as amigos/as:Ante el acuerdo adoptado el pasado jueves 6 de Mayo en la reunión de la Asamblea local de Velilla de San Antonio, en la cual se eligió un nuevo Consejo Político Local, os comunicamos que, habiendo constatado que en la reunión participaron y fueron elegidos en el Consejo Político, Juana Balas Hernández y Antonio Montes López, personas expulsadas y que no forman parte del actual censo afiliativo de IU-CM, dicha reunión carece de validez, y por lo tanto, el acuerdo de elección de la Dirección local es nulo.Igualmente os recordamos que estas dos personas no representan a Izquierda Unida en ninguna institución, ni en ningún ámbito, tal y como acordó la Presidencia Regional de IU-CM el pasado 8 de Enero de 2010.Fdo.: Rubén Bejarano FerrerasCoordinador Área Interna de IU-CM
