En los últimos meses venimos asistiendo a la reforma, algunas veces pienso que revolución, del panorama audiovisual español. Eso sí, la reforma no ha venido sola sino que ha llegado con una gran controversia.
A la ya polémica adjudicación de una licencia analógica a PRISA con su Canal 4, este verano se unió la oscura concesión de 40 licencias de televisión digital local por parte del Gobierno Aguirre, y...más recientemente, la escandalosa emisión ilegal de La Otra.
Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, me incitó a escribir este post cuando afirmó ayer que la libertad de expresión en España "nunca ha estado tan gravemente amenazada" como en la actualidad, debido a que, los gobiernos -tanto central como autonómicos o locales- utilizan la concesión de licencias audiovisuales como "armas de adjudicación de privilegios". Y digo yo...él lo debe saber bien puesto que ha sido uno de los beneficiarios de las adjudicaciones de Aguirre.
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A la ya polémica adjudicación de una licencia analógica a PRISA con su Canal 4, este verano se unió la oscura concesión de 40 licencias de televisión digital local por parte del Gobierno Aguirre, y...más recientemente, la escandalosa emisión ilegal de La Otra.
Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, me incitó a escribir este post cuando afirmó ayer que la libertad de expresión en España "nunca ha estado tan gravemente amenazada" como en la actualidad, debido a que, los gobiernos -tanto central como autonómicos o locales- utilizan la concesión de licencias audiovisuales como "armas de adjudicación de privilegios". Y digo yo...él lo debe saber bien puesto que ha sido uno de los beneficiarios de las adjudicaciones de Aguirre.
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