NO A LA SUPRESIÓN DE LA COMPETENCIA MUNICIPAL
EN LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
Las concejalas, diputadas y representantes de asociaciones de mujeres
abajo firmantes pedimos se rectifique el Anteproyecto de reforma de la
Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, que al parecer el Gobierno
llevará al Consejo de Ministros de 25 de enero de 2013, que pretende la
reducción general de las competencias municipales, centralizar en las
diputaciones provinciales o a las 7 Comunidades Autónomas
uniprovinciales las competencias de los ayuntamientos pequeños, y, en un
paso posterior, reducir el número de concejales y concejalas, porque
supone:
1.- La reducción de lo público, pese a que el lema “mas mercado,
menos Estado” ya vemos que supone “privatizar las ganancias, socializar
las pérdidas”.
2.- La centralización territorial, pese a que los ayuntamientos
gestionan solo el 13% del gasto público en España, muy inferior a la
media europea, y a que la Asamblea de municipios y regiones de Europa
celebrada en Cádiz, en septiembre de 2012 acordó que la
Descentralización, Desarrollo y Democracia deben ser las líneas de
trabajo.
3.- La pérdida de democracia, que la Carta Europea de Autonomía Local
define como acercamiento de las decisiones a la ciudadanía y “el
derecho y la capacidad efectiva de las Entidades locales integradas por
miembros elegidos por sufragio libre, secreto, igual, directo y
universal –sin perjuicio de los cauces locales de participación directa
de los ciudadanos- de ordenar y gestionar una parte importante de los
asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y
en beneficio de sus habitantes”.
4.- discriminación del medio rural, ya que pierde prácticamente la institución municipal.
Pero, además, porque la reforma tiene una incidencia negativa en la igualdad entre mujeres y hombres, porque
a) Suprime el artículo 28, que ha permitido desde hace tres
décadas a la mayoría de los ayuntamientos tener Concejalías, actividades
y planes de promoción de la igualdad, en consonancia con el mandato del
artículo 9.2 de la Constitución de promover activamente la igualdad
(sobre su aplicación a los ayuntamientos, ver las sentencias del
Tribunal Constitucional STC 216/1991 y STC 12/2008 FFJJ 5º y 2º).
b) Limita a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes (art.
Siete.2.5 del borrador de 22.12.12) la posibilidad de ejercer “por
delegación de la Comunidad Autónoma” la promoción de la igualdad de la
mujer, lo que supone una discriminación de las mujeres del medio rural,
una reducción de esfuerzos igualitarios y un alejamiento de las
decisiones políticas respecto a la ciudadanía.
c) Además de restringir la autonomía local para responder a las
demandas ciudadanas y de ignorar el mandato constitucional a todos los
poderes públicos de promover la igualdad en el ámbito de sus
competencias, esta reforma contraviene la Carta Europea para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en la vida local (Consejo de Municipios y Regiones
de Europa, 2006), que promueve las políticas municipales de igualdad,
con objetivos relevantes y evaluables, y recursos humanos y materiales
propios y adecuados.
d) Dificulta el cumplimiento de la Ley integral contra la
violencia de género de 2004, cuyo artículo 19, para la asistencia social
integral, exige la concurrencia de los ayuntamientos.
e) Atenta contra la Democracia paritaria, ya que la elección de
68.462 concejalías constituye el ámbito más extenso de participación de
mujeres directamente elegidas, la inmensa mayoría no retribuidas, en la
toma de decisiones.
Enero de 2013.
