Dice la Ley de Publicidad yComunicación Institucional, que la hay aunque no lo parezca, en su
exposición de motivos que “debe ser un principio fundamental de la
actividad comunicativa del Gobierno, a través de campañas
institucionales, desligar la opinión política de la información
veraz y neutral sobre sus políticas públicas. La publicidad y
comunicación institucional deben estar al estricto servicio de las
necesidades e intereses de los ciudadanos, facilitar el ejercicio de
sus derechos y promover el cumplimiento de sus deberes, y no deben
perseguir objetivos inadecuados al buen uso de los fondos públicos”.
Sin embargo, hoy echando un ojo a los
acuerdos del Consejo de Ministros de ayer he visto que han aprobado
el Plan
de publicidad y comunicación institucional de la Administración
General del Estado para 2012, y que este tiene entre sus objetivos
prioritarios, según sus propias palabras, “la promoción de
derechos de los ciudadanos (sensibilización contra la violencia de
género, oferta educativa y cultural, fiscalidad, etcétera)”.
Claro...una lee esto y ve que los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 incluyen una
amnistía fiscal para los que han defraudado a Hacienda, que se
reduce la partida destinada a sensibilizar contra la violencia de
género, que hay recortes en la sanidad y en la educación, que se ha aprobado la reforma laboral, y tantas
y tantas agresiones a nuestros derechos...y no puede evitar pensar
que lo que el Gobierno va a hacer no es comunicación sino
propaganda, y que, por lo tanto, estará incurriendo en una
ilegalidad.
