Ayer, Esperanza Aguirre se descolgó con unas declaraciones en las que afirmaba que en Madrid "se tarda en valorar el grado de dependencia de los pacientes de la región porque el trabajo lo llevan a cabo funcionarios", para justificar que tres años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, Madrid siga a la cola de las comunidades autónomas en cuanto a su aplicación, sólo por delante de Murcia y Canarias.
No ha querido explicarnos por qué en el resto de las comunidades autónomas la evaluación también la llevan a cabo los funcionarios y la Ley de Dependencia se aplica correctamente, y tampoco ha querido desvelar que en diciembre de 2009 había poco más de 60 personas para atender 52.049 solicitudes.
Para que decir más, si con decir que estas son "las cosas de nuestra Espe" está dicho todo.
