A pocos meses de las visitas a Santiago y Barcelona, el Sr. Ratzinger -Benedicto XVI para los católicos-, porfiando en su idea de “reconquistar” un país que ve alejarse de sus propuestas morales y religiosas, vuelve ahora a Madrid.
Desde el punto de vista del laicismo y de la democracia, nada habría que objetar a la reunión de un pastor espiritual con sus seguidores. Es evidente que, a pesar de la ambigüedad calculada de la convocatoria, la “Jornada mundial de la juventud” del próximo mes de agosto en Madrid pretende congregar a miles de jóvenes católicos en torno a las enseñanzas del papa. Un acto que, cualquiera que sea su dimensión, no deja de tener carácter privado, como privadas son las creencias y sus manifestaciones.
Lo que sí es contrario a un Estado democrático que se declara aconfesional es mezclar los asuntos del estado y asuntos religiosos, los intereses generales con los intereses privados, las instituciones que representan a todos los ciudadanos con eventos que sólo conciernen a una parte, en este caso, a quienes comparten unas determinadas convicciones religiosas.
Por eso, resulta escandaloso que el Gobierno contribuya con 25 millones de euros -es decir, con dinero de los impuestos de todos- a la visita del papa y a la celebración de un acto confesional, a la vez que concede exenciones fiscales a las grandes empresas que han comprometido otros 25 millones. A ello hay que añadir otros muchos más que están dispuestos a aportar tanto Gobierno central como Ayuntamiento y Comunidad de Madrid sufragando otros gastos con la cesión gratuita de numerosos servicios públicos (personal funcionario, visados, transportes, fuerzas de seguridad, utilización de espacios públicos como polideportivos, colegios e institutos, etc.).
Esa desviación de recursos públicos para fines privados tiene especial gravedad en un momento en que tanta generosidad para con la jerarquía católica (que ya recibe por distintas vías en torno a los 10.000 millones de euros anuales) entra en contradicción con las duras restricciones en el gasto público y prestaciones sociales que todos estamos sufriendo bajo pretexto de la crisis económica. Del mismo modo, es inaceptable que en ese acontecimiento de carácter privado se impliquen y participen autoridades y cargos oficiales, que estarían en su derecho de hacerlo a título personal, pero nunca en representación de las funciones públicas que desempeñan en nombre del conjunto de los ciudadanos.
En este caso no vale el subterfugio de que son gastos y honores debidos a un jefe de Estado. El papa Benedicto XVI no viene en representación de los escasos habitantes del Vaticano que, por otra parte, nada tiene que ver ni por su origen ni por su configuración con un verdadero Estado democrático y de derecho. Si viene a reunirse con sus adeptos en función del liderazgo espiritual que ellos en exclusiva le reconocen, en modo alguno procede el trato oficial y de privilegio dispensado por las Administraciones Públicas. Un trato que, evidentemente, no conceden a convocatorias promovidas por ciudadanos de otras creencias o convicciones ideológicas.
Tampoco se le permitiría a ningún jefe de Estado la injerencia, incesantemente repetida por el Papa y la jerarquía católica, en asuntos políticos internos como son las propias leyes que un país se da de forma democrática (educación pública, laica, derecho a la propia sexualidad y control de la reproducción, modelos de matrimonio y familia, derecho a una muerte digna, etc.). Pues no se limitan a dar consejos morales a sus fieles, cosa legítima, sino que pretenden convertir sus particulares visiones de la moral y de la sociedad en normas obligatorias para todos.
Por eso, las personas y organizaciones abajo firmantes, manifestamos nuestro rechazo a la confusión y connivencia de las instituciones públicas con una actividad de eminente carácter privado y confesional.
Llamamos a todos los ciudadanos que, con independencia de sus convicciones personales, reivindican un marco de convivencia en igualdad de derechos, a organizar actos en defensa de la democracia y laicidad del Estado y dirigirse a las distintas Administraciones Públicas para exigirles que obren en consecuencia y dejen de otorgar privilegios propios de épocas pasadas y herencias antidemocráticas.
*NO A LA VISITA DEL PAPA FINANCIADA CON EL DINERO DE TODOS.
*SEPARACIÓN DEL PODER CIVIL Y DEL RELIGIOSO.
*DEFENSA DE LOS DERECHOS DEMOCRÁTICOS, FRENTE A LA INJERENCIA CONFESIONAL.
